Mediación Penal
La mediación penal es un proceso de diálogo y comunicación voluntario
entre víctima y victimario conducido por un tercero imparcial, con
formación en Mediación (según recomendación del Foro Europeo de Justicia
Restaurativa) con el objetivo de que las partes se apropien del conflicto,
identificándose no como pacientes de las consecuencias sino como
protagonistas para su resolución/restauración, y tomen decisiones
informadas para hacerlo.
En este sentido el interés de la mediación en el ámbito penal
es que la víctima recupere su lugar en el proceso de resolución
del conflicto, que pueda decidir y ser escuchada tanto en cómo
se siente y se sintió con respecto al delito, como en la manera
en que quiere y necesita ser reparada.
Según la Recomendación R (99) 19, del Comité de Ministros del
Consejo de Europa: ”la Mediación Penal es todo proceso que permite
a la víctima y al delincuente participar activamente si lo consienten
libremente, en la solución de las dificultades resultantes del delito,
con la ayuda de un tercero independiente (mediador).”
Los objetivos que persigue la Mediación Penal son:
- Intervención en conflictos judiciales y/o comunitarios a través
de la Mediación penal y la justicia Restaurativa como instrumento de
resolución pacífica de los mismos.
- Generar un espacio para la comunicación entre los ciudadanos.
Con la mediación penal se pueden abordar los conflictos que subyacen
a los hechos delictivos, cosa que el proceso penal no hace, con lo
que la resolución del hecho puede realizarse de una mejor manera.
- Posibilitar que la víctima se sienta protagonista tanto dentro
del procedimiento penal como en la forma de resolverlo.
- Dar una respuesta reparadora y reintegradora a la situación
que se ha creado como consecuencia del hecho delictivo. Esto se
despliega en dos vertientes, por un lado reparar el daño causado
a la víctima y por otro, permitir a los implicados superar su rol
víctima/infractor facilitando su reingreso en la sociedad y
favoreciendo un cambio en la percepción del delito.
- Intentar establecer mecanismos de colaboración con los operadores
jurídicos para que todo el mundo que quiera, pueda tener acceso.
- Evaluar la calidad del servicio y su impacto en el sistema penal
así como su proyección de futuro, como un instrumento jurídico más del
proceso contribuyendo a la agilización de la justicia penal.